Smart Cities: el reto de la seguridad inteligente
Las urbes serán más deseadas, más habitadas, más poderosas… y más vulnerables si su gestión no evoluciona con los tiempos. La seguridad será un factor decisivo en el ideal (y en la realidad) de la ciudad inteligente.
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La ciudad inteligente no es una foto fija sino un proceso, y muchas ciudades son smart al aplicar algunas de esas herramientas, aunque estén lejos de serlo en su gestión global. Algunas ya despliegan cámaras y sensórica avanzadas que reconocen rostros, identidades y matrículas para el control de flujos o accesos, especialmente en desplazamientos o eventos masivos. También se refuerzan con inteligencia artificial, decantando patrones y ayudando a prevenir delitos, como la relación causa-efecto entre un sabotaje a la iluminación y el robo de vehículos o, por ejemplo, como testigos en una investigación forense.
El arsenal que manejan las smart cities incluyen plataformas únicas de gestión para integrar todos los servicios municipales y coordinar los diferentes cuerpos de la seguridad, desde policías y protección civil a empresas privadas, además de trabajar con un análisis de riesgo en tiempo real que ayuda a tomar decisiones y protocolos con mapas de riesgo frente a crisis y emergencias. También una pandemia.
Cada vez más ciudades implantan partes del modelo adaptadas a riesgos diferentes. México DF, por ejemplo, ha instalado decenas de miles de cámaras contra unos niveles desbordantes de violencia. Mientras que en España, urbes como Sevilla quiere prevenir o mitigar estampidas en un escenario tan peligroso como un millón de personas aglomeradas en calles estrechas y mal iluminadas durante Semana Santa (ya sucedió en 2017). Según McKinsey Global Institute, la gestión de datos masivos de cámaras, sensores y terminales, incluido el ejército de smartphones, podría reducir el crimen entre un 30 y un 40%; y hasta un 35% el tiempo de respuesta a las emergencias.
Incidir en el factor humano
Vigilancia, patrones y mapas de riegos
Relación coste-beneficio
La eficiencia no solo atañe a los problemas prevenidos y resueltos, sino a lo que cuesta lograrlo. Para el experto en seguridad urbana Isidro Sepúlveda es decisivo lograr un mayor rendimiento a partir de una inversión asequible. Según sus cálculos, en España, mantener de 120 a 150 cámaras públicas equivale aproximadamente al sueldo de un agente.
Decíamos que el modelo smart es un proceso; pero de aceleración continua. McKinsey prevé un salto en la eficiencia de la gestión gracias a una inminente disrupción tecnológica: por un lado, la madurez de la inteligencia artificial —por ejemplo en el reconocimiento facial capaz de sortear los parches antagonistas, un truco que confunde al software—, y por otro la interconexión masiva de dispositivos IoT mediante 5G, con una capacidad sin precedentes y cero latencia.
Una inversión contenida con una eficiencia creciente, que al fin y al cabo es una lógica clave de la digitalización, sería bienvenida en cualquier ciudad que aspire a optimizar su presupuesto, por definición escaso, pero especialmente en zonas tan castigadas por la inseguridad, o por el impacto económico de la Covid, como Latinoamérica. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región destina hasta el 3,55% de su PIB en seguridad (EE UU, el 2,75%, o Francia, menos del 1,9%), a pesar de lo cual el delito en muchas de sus ciudades sigue siendo el enemigo público número 1.
El estudio de la consultora Gartner Hype Cycle for Smart City Technologies and Solutions recomienda medidas obvias, como encriptar datos y protocolos de acceso, monitoreo constante y la vacuna de los simulacros de ataque para localizar y cubrir fisuras. Pero también aplica atención al factor humano: concienciar a administraciones, gestores y usuarios sobre las consecuencias de la debilidad. Que no sea el eslabón más débil sino la última línea de defensa.
La conclusión es clara: la estrategia de seguridad general en una smart city debe ser integral, adaptativa y estar en las buenas manos de gestores competentes; incluidos los servicios confiados a empresas privadas. El profesor de la UNED Isidro Sepúlveda, experto en seguridad urbana, argumenta la necesidad de que las políticas públicas evolucionen de la seguridad del Estado a la seguridad del individuo y de la ciudad contemporánea gracias a las soluciones tecnológicas.
“Necesitamos profesionales que puedan analizar las ciudades desde un punto de vista holístico y ver problemas que otros no sabrían identificar. Deben descubrir interacciones y repercusiones más allá de una vertical o un servicio concreto”, reclama en un artículo Ramón Martín de Pozuelo, investigador de la escuela de Ingeniería La Salle/Universidad Ramón Llull.
Amenazas físicas y cibercrimen
Cuando los arqueólogos del futuro estudien las civilizaciones del siglo XXI, es probable que la amplia mayoría tengan la etiqueta de “urbanitas”. La tendencia a concentrarse en grandes colonias humanas es algo global en nuestro tiempo. Tanto que, en 2050 y según la London School of Economics, dos de cada tres personas serán habitantes de grandes urbes. Pero no solo crecerán en población y tamaño, también en la gestión digital de las mismas.
Estas dos proyecciones, la demográfica y la tecnológica, son certezas que, de acuerdo con Prosegur Research, permiten anticipar la evolución social y su impacto en la seguridad. Además, hay que tener en cuenta factores como las emergencias climáticas, la polarización política (urbes manifestódromos y escenarios de disturbios y conflictos), el poder difuso repartido desde multinacionales a grandes ciudades con más fuerza económica y autonomía política, o la industria del crimen al acecho de nuevas oportunidades de negocio.
A partir de aquí, es lógico que la ONU incluya entre sus objetivos de desarrollo sostenible la “paz, seguridad y gobernanza” o términos como “ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. ¿Pero cómo lo hace? Pues mediante el modelo de ciudad inteligente o smart city, que aplica la gestión de datos a los recursos y servicios (agua, energía, equipamientos, residuos, movilidad, vigilancia, emergencias, presupuestos…) para mejorar así el bienestar ciudadano, empezando, cómo no, por su integridad física.
La smart city se despliega en un entorno híbrido por excelencia, donde interactúan el plano físico (por ejemplo el tráfico) y el plano digital (su gestión mediante cámaras y plataformas). Por lo tanto, la ciudad inteligente está expuesta a las dos grandes especies depredadoras: amenazas físicas, desde asaltos a viviendas a los accidentes circulatorios, y cibercrimen, que roba datos, ataca infraestructuras y cobra rescates.
El Global Risk Report del Foro Económico Mundial apunta que el riesgo aumenta precisamente allí donde la tecnología toma tierra, donde se hace híbrida. Sin un sistema de blindaje adecuado, la interconexión entre sistemas vulnerables ofrece gateras para escalar el ataque. Puede penetrar en el control de alumbrado público, por ejemplo, y desde allí encontrar paso franco a una vigilancia perimetral para anularla.
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